Sobre los sueldos de los presos

Mucho se ha dicho en las últimas dos semanas sobre lo que percibe un detenido recluido en las cárceles argentinas. Tanto ha sido la vorágine mediática, especialmente por las redes sociales, que se ha eclipsado justamente otra noticia sobre de los ingresos de los delincuentes: las casi 4000 cuentas de argentinos en Suiza que evadían impuestos al Estado Nacional.

La única verdad es la realidad, decía el General Perón. Lo cierto es que la verdad está ahí, al alcance de uno a veces, si se propone alcanzarla. Está en la Ley Nacional 24.660. Recordemos, nuestro país es un Estado Federal (un poco unitarizado, eso sí), donde las Leyes Nacionales se aplican a las instituciones nacionales, en este caso, al Servicio Penitenciario Nacional. Las provincias pueden adherir o no a las Leyes Nacionales o elaborar sus propias leyes en alguna de las materias permitidas por la Constitución Nacional.

La Ley 24.660, en su capítulo séptimo contempla todo lo conducente al trabajo de los internos de las unidades penales. Esta ley de 1996 da forma a lo establecido en el art. 18 de la CN, donde se establece que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”

El capítulo séptimo de dicha ley establece que el trabajo para los internos es un derecho y un deber. No será denigrante ni forzado; propenderá a la formación y mejoramiento de hábitos; procurarán su capacitación para desempeñarse en la vida libre; deberá ser remunerado y se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente. Si bien es obligatorio, no se lo forzará a hacerlo si se niega, aunque incidirá en su concepto. Podrán trabajar en empresas mixtas o privadas.

Es importante entender el rol de la remuneración. El art. 120 establece que si los bienes o servicios producidos se destinan al Estado o entidades sin fines de lucro, el salario no será inferior a tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil ($4.440 a dic/14). Si está empleado en empresas privadas o mixtas, percibirá lo que corresponda a una persona libre en la categoría en la que se desempeñe. Además, de lo percibido, el 10% será utilizado para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito; el 35% para la prestación de alimentos; el 25% para los gastos de reclusión y el 30% depositados en una cuenta bancaria a su salida.

En San Juan

En la provincia, los asuntos carcelarios están estipulados en el art. 39 de la Constitución Provincial, donde se afirma que “Las cárceles de la Provincia deben ser sanas, limpias para seguridad y rehabilitación…”.

Conclusiones

Lógicamente gran parte de la sociedad desconoce que los internos perciben un sueldo y menos que lo hacen en función de su trabajo. Mucho menos que una parte de sus ingresos lo destinan a reparar el daño causado y a su mantenimiento en el Establecimiento Penitenciario. A todas luces, esto es bastante positivo, teniendo en cuenta, en primer lugar, que el trabajo es una gran herramienta formadora de valores, de disciplina y responsabilidad. Recordemos también, que en el sistema actual de antecedentes penales, aquella persona que cumplió su pena y quiere reinsertarse laboralmente, es dejado de lado cuando entre los requisitos se solicita el célebre “certificado de antecedentes penales”, como si la ausencia de ellos fuera sinónimo de honestidad y rectitud.

Considero que el empleo carcelario debe ser más promovido, así como la educación y la capacitación de los internos, aspectos que también se encuentran en la Ley 24.660, de manera que las cárceles no sean escuelas de formación avanzada de delincuentes sino realmente, centros de rehabilitación social.

*

*   *

Tambolar, el aporte Sanjuanino a la Soberanía Energética

http://www.filateliaarguello.com.ar/paginaalejandro/postales/America/Argentina/sanjuan/sanjuan45.gif

La Soberanía, entendida como el Poder Superior del Estado en un país y como base de igualdad o independencia frente a otros Estados del Mundo. La Soberanía del Estado radica en el Pueblo, que mediante un contrato social hipotético se organiza para la convivencia armónica, la paz social y el desarrollo de sus miembros.

Hoy en día, la Soberanía no es absoluta. Las cada vez mayores relaciones económicas entre los Estados y el rol que juegan las empresas transnacionales, que no tienen un centro sino que conforman redes de gran poder económico, generan una interdependencia de los Estados del Mundo.

De igual manera respecto a la energía. Lo que en Argentina denominamos “Soberanía Energética” en Estados Unidos es “Independencia Económica” y refiere al control, seguimiento y planificación de los recursos energéticos por parte del Estado. Es una preocupación constante de todos los países del mundo, ya que somos “homo energeticus”. Pero en todos los casos, no es posible una independencia energética plena, ya que las fuentes de provisión de energía provienen de distintos lugares del Globo.

En Argentina muchos de nuestros recursos naturales debieron ser explotados por capital extranjero, que poseían la técnica y los recursos para hacerlo, como antes de la creación de YPF en 1922 y como sucedió durante los gobiernos del General Perón, Arturo Frondizi y últimamente, con la explotación de los yacimientos no convencionales de petróleo y gas de esquisto.

Un país que crece, que se industrializa, cuyos habitantes mejoran su calidad de vida adquiriendo confort, que crece urbanísticamente, requiere más energía. De allí que hasta 2003, en medio de la recesión económica, la Argentina fue un país que se autoabastecía energéticamente y exportaba un pequeño excedente. Luego, la necesidad de energía llevó a retomar grandes obras olvidadas, como la Central Atómica Néstor Kirchner (Atucha II) y obras hidroeléctricas como Caracoles, en San Juan.

Otra olvidada fue Tambolar, que por 48 años permaneció en las mentes de algunos idealistas del progreso. Esta nueva presa junto con Caracoles (la de mayor generación de la Provincia), Punta Negra (en Construcción) y Ullúm, conformarán los embalses encadenados del Río San Juan, unidos por el grandioso camino interlagos, obra costosa y compleja, como toda obra de montaña.

De a poco la matriz energética Nacional se va diversificando. Pronto estará a plena potencia la central atómica Néstor Kirchner y ya hay un acuerdo con China para la construcción de Atucha III, como así también una central nuclear en Formosa y otras grandes obras hidroeléctricas a lo largo y ancho del país.

 

http://ingenieroandreotti.blogspot.com.ar/2014/02/matriz-electrica-de-argentina-fin-de.html

Evolución Matriz Energética Argentina 1970-2010

http://web.ing.puc.cl/power/alumno12/intercreg/AspectosTecnicos_Argentina.html

En San Juan, tierra de piedra y desierto, disponemos de grandes áreas aprovechables para el desarrollo hidroeléctrico. Es cierto, no contamos con el suministro hídrico de provincias como Neuquén o Mendoza y los períodos de sequía dejan en jaque a nuestras usinas. Pero sabemos que esto es cíclico. Que la energía hidroeléctrica es más barata y ecológica que la termoeléctrica que requiere quemar combustible fósil. Que en un contexto de debilidad de la actividad minera, la construcción de Tambolar permitirá la subsistencia a 350 familias. Tal vez nos hemos acostumbrado últimamente a lograr lo que nos proponemos, pero empezar a construir un dique que demoró 48 años no se da todos los días.

*

*   *

4 de Noviembre: Conmemoración del rechazo al ALCA (2005)

Por Diego M. Flores Burgos

En la actualidad (2014), la realidad económica nacional dista mucho de la de 2005. En aquella época la Argentina disfrutaba de la recuperación de manos de las políticas kirchneristas de expansión de la demanda agregada, a través de la política de aumento de sueldos vía rehabilitación de paritarias, planes sociales y obra pública fundamentalmente. Dichas políticas tuvieron el techo en 2009 con la crisis financiera global. Los países periféricos tenemos esos problemas: Sufrimos las consecuencias de las caídas de los países desarrollados, no así de sus éxitos.

En 2005, en EE UU la bonanza y recuperación económica lograda en la era Clinton había llegado a su fin con George Walker Bush (Durante finales del gobierno de Clinton se calculaba que en 20 años se saldaría el gigantesco déficit fiscal). Con su política de despilfarro beneficiando al conglomerado industrial militar, a través de las campañas militares generadas en el discutido (auto?) atentado terrorista contra el World Trade Center, se vio obligado a retomar el viejo proyecto (que incluso tenía más de 100 años con los proyectos del “Panamericanismo”, que tanto criticaba José Ingenieros) de un área continental de libre comercio, el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas.

Años antes, se gestó con G. Bush padre el NAFTA (North American Free Trade Area), un área de libre comercio en América del Norte que incluye a México, Canadá y Unidos. A 20 años de su creación, ha brindado beneficios a todos los países miembros: a EEUU ya que aprovecha para instalar sus productos en sus vecinos y para reducir costos de importación de energía. A Canadá y a México por su cercanía con el gran socio, exportando producción industrial y energía (Canadá) y energía e industria ensambladora (maquila, México).

Un acuerdo de libre comercio supone la eliminación gradual de las trabas arancelarias a la importación. El concepto es muy bueno, siempre y cuando se trate de socios de desarrollo equivalente que intercambien productos similares. El problema se da cuando y como siempre suele suceder, estos acuerdos son promovidos por países desarrollados, con tecnología y productividad avanzadas, que tratan de colocar su producción en países menos desarrollados, donde su industria no puede competir y paulatinamente va desapareciendo.

Este era el problema que sucedía con el ALCA en países como Argentina y Brasil. Países con una base industrial, golpeada por las políticas neoliberales y falta de políticas de expansión de la oferta (fortalecimiento de las PyMEs industriales), pero base industrial al fin. La adhesión a este espacio de libre comercio hubiera supuesto transformar nuestras economías en meros proveedores de materias primas, tal como fue nuestra historia con Gran Bretaña en el siglo XIX y hasta mediados del XX.

Los TLC han servido a países menos desarrollados para fomentar sus exportaciones de bienes no industrializados. Es por ello que cada análisis sobre la conveniencia de un TLC debe hacerse tomando las particularidades de cada país.

Por ello, hoy, a 9 años del rechazo del ALCA por parte de Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Luis Inácio “Lula” da Silva y Tabaré Vázquez, medidas como estas adquieren relevancia a fin de ir comprendiendo cuales son las medidas económicas que permiten el desarrollo de un Pueblo, entendiendo como tal a la mayoría de sus habitantes, y cuales benefician sólo a una minoría.

*

* *

Argentina: Geopolítica del Mundial

Además del esperado partido el próximo domingo en el Maracaná, revancha de Italia ’90, Argentina juega otro campeonato, mucho más importante, más trascendente y menos conocido.

Del 14 al 16 de Junio se reúne en Fortaleza, Brasil, el BRICS, el grupo de la vanguardia de países altamente poblados, de economías en desarrollo, clase media ascendente y crecimiento económico superior al promedio mundial, del que Argentina ha sido invitada a participar.

Pequeño gran grupo del que últimamente se escucha mucho: concentra gran parte de la superficie mundial, de la población mundial, de la economía mundial, etc. Pero más allá del impacto económico, es el político el que más nos interesa.

En esta guerra política contra la Deuda Externa como instrumento económico de dominación de algunos países y corporaciones sobre Estados Soberanos, la Argentina ha perdido la batalla contra los Fondos Buitres, un hábil batallón del enemigo.

Las negociaciones que se realizan en estos días y que aún no terminan se asemejan a las de indemnización de guerra: cuanto se va a pagar y cómo, con qué plazos, en qué condiciones… eso se está discutiendo.

El gran temor: Entrar en default técnico por no poder pagar la suma solicitada a ese grupo de tareas de los Fondos Buitres que representa el 1% del total.

Los medios sensacionalistas, los contadores que se creen economistas, los economistas de la corriente monetarista y los políticos opositores al Gobierno Nacional vaticinan una catástrofe peor que la de Brasil y el 7 a 1 si Argentina entra en Default. Lo clásico: Se nos cerrará el crédito externo, no tendremos inversiones extranjeras que son la última esperanza de mantener el estilo de vida capitalista de la Argentina, etc., etc. Y la verdad es que durante el kirchnerismo el desendeudamiento ha sido política de Estado, siendo muy pocos los empréstitos solicitados al exterior.

Con todo esto, hemos crecido desde 2003 en adelante en base al esfuerzo propio, a una política económica expansiva que fomentó el círculo virtuoso: emisión monetaria, empleo, producción, riqueza. Círculo que hay que regular, claro, pero que logró un crecimiento a tasas chinas detenido solamente por la crisis financiera internacional de 2008 y por la necesidad de un cambio de modelo macroeconómico nacional.

Aprovechar “la ola”

Estos años tienen en común bastante con los de fines del siglo XIX: la colonización financiera. Durante las últimas décadas de 1800 Inglaterra y en menor medida, Francia y Alemania comenzaron a exportar capitales a Argentina, Rusia y otros países con el objeto de recuperar esas inversiones y, fundamentalmente, controlar los recursos naturales y la producción de dichos países para su propio beneficio.

El mejor ejemplo de esto es la red ferroviaria de la Argentina, construida con capitales ingleses y que no vincula las provincias entre sí, sino como un embudo hacia Buenos Aires, el centro exportador hacia la metrópoli europea.

En la actualidad vivimos una situación similar: China invierte no sólo para hacer negocios, sino para hacer aliados (y claro, para su propia conveniencia geopolítica). El nuevo canal interoceánico en Nicaragua, el corredor económico entre China y Pakistán y el interés en importantes obras de integración energética y económica a lo largo del mundo son ejemplos.

San Juan también está presente: Para la construcción del vital Túnel de Agua Negra, empresas chinas están interesadas en su construcción, con financiamiento chino. Santa Cruz ya lo vive: las dos obras hidroeléctricas más importantes de la Argentina son financiadas por capital chino, las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

El tema es, claro: Aprovechar la ola, pero a nuestra conveniencia. El uso del capital no es desinteresado. El tema es aprovecharlo para nuestro crecimiento y desarrollo lo más autónomo posible: Desarrollo industrial pleno de nuestros recursos naturales, ciencia y tecnología en base al modelo Chino o Ruso y no tomando como ejemplo (como hasta ahora) al proyecto maquilador Vietnamita.

La semana siguiente, el BRICS creará formalmente el Banco de Desarrollo, que financiará proyectos de infraestructura, vitales para el desarrollo nacional. Herramienta que no debemos desaprovechar.

Y más allá de lo económico, está lo político, la idea: El BRICS es un nuevo modelo de organización mundial que pretende destronar al clásico G7: en ese grupo debemos estar.

*

*   *

El destino del túnel “José Luis Gioja”: entre Chile y Buenos Aires

Varios años lleva el Gobierno Provincial intentando lograr el hecho paradigmático del plan de gestión “Segunda Reconstrucción de San Juan”: la construcción del Túnel de Agua Negra, a quien el Director de Tránsito y Transporte, Julio “Tito” Montaña, propuso nominarlo como el actual Gobernador y principal impulsor.

 

Gentileza: elquisemanario.blogspot.com

Sin embargo, las demoras son evidentes. ¿Cuál es la razón? ¿Los costos? ¿Son insuficientes las gestiones? ¿O hay algo más?

Solventar un túnel de 14 km a 4.085 en la cordillera, a metros sobre el nivel del mar no es tarea fácil. Las últimas estimaciones cotizan la obra en 1.600 millones de dólares. Se requiere de una tuneladora importada de entre 70 y 100 metros de largo para construir dos túneles paralelos (por razones de seguridad y ventilación). El Gobierno Chileno manifestó que apoyaría la construcción del Túnel, siempre y cuando la Argentina consiguiese y fuera aval de los créditos, cosa por la que estamos complicados con nuestra política de minimizar el endeudamiento externo y las apreciaciones del FMI. ¿Entonces? Sí, siempre China, con su avance por el mundo (que todavía no aprovechamos eficazmente).

China posibilitará las presas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, que serán el complejo hidroeléctrico más grande en la Argentina después de Yaciretá, generando el 10% de la energía del país. El China Development Bank financiará las obras a 15 años a una tasa Libor del 3,8% por un monto de U$S4.714 millones. Esta es la mayor inversión en capital fijo del gigante asiático en el mundo.

Desde 2004 con su viaje a China del Gobernador Gioja, el gobierno provincial apostó al financiamiento externo. Hace poco el Ministro José Strada también recorrió el País de la Seda con ese fin. Si es posible financiar las represas Kirchner y Cepernic, obras que tienen un recupero a muy largo plazo, sería factible costear un monto tres veces menor.

Las razones más probables de la demora se hallan en una guerra silenciosa de dos frentes. Una se encuentra en la región de Coquimbo, en la próspera provincia de Elqui y la postergadas Limarí y la sureña Choapa. El otro frente, se encuentra a 1.200 km, en la cuna del tango, que siempre miró hacia sí mismo y que tiene otros proyectos en vista.

En Chile el Túnel de Agua Negra genera opiniones divergentes. Cabe recordar que en los años 60 y 70 los pasos binacionales estuvieron olvidados por temores a una posible invasión argentina. Además, siendo Chile un país unitario con un gran puerto que privilegia su mayor producción exportable (cobre), poco le interesa financiar una obra que no le brindará beneficios directos e inmediatos y que implique destinar grandes sumas a una obra en la periferia del eje Santiago-Valparaíso.

Argentina necesita el túnel más que Chile, ya que, al igual que Brasil, nos es imperiosa la bioceanidad. El desarrollo capitalista, que en el siglo XIX pasó por Europa y especialmente el Imperio Británico, se trasladó a China, la próxima primer potencia económica mundial y su alianza con el gigante energético, militar y equilibrador mundial, Rusia.

Del otro lado de la cordillera, el magno proyecto es cuestionado por las obras complementarias, no sólo por el costo, sino por la modificación ambiental del Valle del Elqui, por donde se espera que finalizado el Túnel, transiten de 1500 a 2000 camiones diarios; el rechazo a la instalación de un laboratorio de biotecnología internacional bajo el túnel, las obras requeridas para ampliar el puerto de Coquimbo y obras viales complementarias en la ciudad portuaria.

Apurarse, que la competencia es dura

El tiempo corre en contra para los sanjuaninos. A nivel nacional (y también internacional) hay varios proyectos de corredores bioceánicos, algunos de menor costo que Agua Negra. Y en cada provincia por donde está previsto un corredor se trabaja con el mismo ahínco que en San Juan.

La semana anterior estuvo en San Juan el Gobernador santafesino Antonio Bonfatti, brindando su apoyo a la construcción del Túnel y de todo el corredor. Manifestó que en su provincia ya se han hecho importantes obras de infraestructura junto al Gobierno Nacional. Pero no hay que fiarse de sus palabras. Santa Fe necesita el corredor, pero le es indistinto si pasa por Agua Negra o por el Bioceánico Aconcagua, la ampliación del Paso Los Libertadores, en Mendoza.

Un competidor es el corredor bioceánico Pehuenche, que pasaría por el sur mendocino, con dos variantes. Una es la comunicación Bahía Blanca-Talca, en Chile, que beneficiará a la zona agroindustrial de Bahía Blanca y la agroganadera de La Pampa y Buenos Aires. La otra es la que uniría el este de Entre Ríos, en el río Uruguay, se vincularía con la hidrovía Paraná-Paraguay y recorrería el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y San Luis, San Rafael, Concepción, y los puertos de San Antonio y Valparaíso.

Por el norte, acecha el corredor bioceánico Paso Jama, que vincularía la zona adyacente a Florianópolis, pasando por las provincias de Misiones, Chaco y/o Formosa, Salta y Jujuy, llegando a los puertos del norte chileno (Iquique, Tocopilla y Antofagasta).

El peso pesado: Corredor Bioceánico Aconcagua

El corredor más importante promocionado por las presidencias de Chile y Argentina es el bioceánico Aconcagua. Supone una ampliación del paso Los Libertadores en Mendoza. Por allí actualmente circulan cerca de 1.500 camiones por día y con las obras previstas pasarían más de 15 mil y de su máxima capacidad, 7 millones de toneladas por año, pasaría a 77 millones de toneladas anuales.

El costo es muy superior al sanjuanino, unos U$S 6.900 millones. Incluye: Una línea férrea desde Los Andes (Chile), hasta Luján de Cuyo de 204 kilómetros; un túnel de baja altura de 52 kilómetros, desde Saladillo (Chile), a 1.545 msnm, hasta Punta de Vacas, a 2.440 msnm; un trazado con pendientes menores al 2%, garantizando el cruce de la cordillera en menos de 4 horas, y operatividad durante todo el año; un ferrocarril eléctrico con una capacidad de transporte de hasta 72 millones de toneladas por año y mejoras en la seguridad vial, son los principales puntos fuertes. El plazo de la obra es de 12 años y aún no se licita.

Alternativa para ganar tiempo

Es claro que de prosperar el Corredor Bioceánico Aconcagua, San Juan tendría muy pocas chances de construir el Túnel de Agua Negra. La única alternativa es que San Juan construya un corredor bioceánico como sea, antes que el mendocino.

Lo mejor es que esa posibilidad existe: Se trata del paso La Chapetona (así llamado en Chile), en el norte de Calingasta, que comunica Barreal con la ciudad de Ovalle, en la Provincia de Limarí, en el centro de la Región de Coquimbo. Y de allí por autopista o ruta hasta el puerto coquimbano.

En los festejos en San Juan para el Bicentenario de la Revolución de Mayo, se celebró un pacto de hermandad entre el alcalde del municipio limarino de Monte Patria, Juan Castillo y el intendente calingastino Robert Garcés. Allí se comprometieron a avanzar en el desarrollo del paso fronterizo de La Chapetona. Este paso, casi desconocido para el resto de los sanjuaninos, es un paso que, al decir de Juan Castillo, “no requiere más que una pala y una escoba” para habilitarlo.

¿Es para tanto? Al decir de los limarinos, realizar un camino por el Paso La Chapetona saldría un 10% de lo cotizado por el Túnel de Agua Negra. Que su pendiente es suave, y comunica con los puertos de Coquimbo, Los Vilos y Tongoy. Se sostiene que La Chapetona, por su baja altura y pocas nevadas, es la mejor alternativa económica y técnica. Debido a la inexistencia de cordones transversales en su trazado, no requiere de túnel y estaría habilitado para todo el año, con mínimos impactos ambientales.

El gobernador Gioja dijo alguna vez: “Debemos perforar la cordillera por todos lados”. ¿Por qué no contar con dos pasos, en vez de uno, que asegure la posición sanjuanina? ¿Que vincule a las provincias de La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Corrientes y nos dé tiempo de concretar la meta de máxima: el Túnel de Agua Negra? Alguien me dijo cuando era niño: “más vale pájaro en mano…”

*

*   *

 

Niños y adolescentes que delinquen ¿Qué hacer? Necesidad de un régimen penal juvenil sanjuanino

Foto: Ismael Villafranco

Las voces que propugnan la defensa de los derechos de niños y jóvenes se alzan contra cualquier intento de bajar la edad de imputabilidad a los menores de edad o elaborar un régimen penal especial. Esto en la práctica habla de un progresismo de papel, donde las políticas que se propalan e incluso, que se legislan, poco tienen que ver con la realidad al ser inaplicables.

Frente a este tema tenemos dos grandes problemas: Hasta ahora no se ha logrado en nuestro país una solución concreta a la delincuencia juvenil, que según estudios llega al 15% del total de delitos del país y existe un abandono de los derechos superiores del niño y adolescente al no existir un entramado legal y de gestión que los contenga, proteja su vida y permita una reinserción social.

El caso paradigmático es el del niño sanjuanino de 11 años que con 6 entradas a la comisaría por delitos contra la propiedad, fue hace poco víctima de un intento de linchamiento. Esto pone en alerta la necesidad de repensar las políticas de niñez y adolescencia.

¿Bajar la edad de Imputabilidad o un régimen penal juvenil?

Generalmente suele existir una confusión en los legos del derecho sobre este tema. Bajar de la edad de imputabilidad simplemente sería crear una ley nacional que establezca que todos los menores de 18 años sean pasibles de sanción penal. Ello llevaría a que niños y adolescentes en conflicto con la ley compartan las cárceles con adultos, lo que conlleva otros problemas, lógicamente.

Crear un régimen penal juvenil sería, en cambio, formar una estructura legal especial para atender a los niños y jóvenes en conflicto con la ley. Representa una cosmovisión totalmente distinta a la de la baja de la edad de imputabilidad. En este sistema, la privación de la libertad es el último recurso del que dispone la justicia, privilegiando las medidas de reparación del daño causado, tareas sociocomunitarias, competencia que corresponde a las provincias.

Dictadura vs democracia

Los progresistas de papel que se oponen a cualquiera de estas medidas sostienen (sin saberlo) la defensa del decreto-ley 22.278 de la última dictadura militar. El decreto-ley establece que los menores de 16 años no pueden ser penados, a excepción de que el juez declare el riesgo moral o material del niño o adolescente. En la práctica esto representa una gigantesca injusticia: un menor que delinque, si es pobre (riesgo material y “moral”), puede ser recluido, distinto al caso de un menor de mejor posición económica.

Los jóvenes entre 16 y 18 años sí son punibles. A ellos les aplica las mismas penas que a un adulto, aunque debieran cumplirlas en instituciones especializadas para ello. Esto presenta dos dificultades: primero, que a los jóvenes se los pena de igual manera que a un adulto, contraponiéndose con los medios alternativos (y de paso, más eficaces) que plantea la Convención de los Derechos del Niño. La segunda, que la ejecución de las penas depende de cada estado federal, por lo que en cada provincia varía el abordaje penal juvenil y las condiciones de detención.

La Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional. La misma establece la posibilidad, pero como última instancia, de la reclusión de niños y adolescentes, con las garantías del debido proceso judicial (derecho a ser oído, a ser juzgado por un órgano judicial imparcial en un tiempo razonable, derecho de defensa, a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo, a no ser sometido a proceso más de una vez por los mismos hechos, entre otras garantías procesales).

Un ejemplo

La provincia de Buenos Aires dispone, desde 2007, de un Régimen Penal Juvenil, la ley provincial 13.634 y modificatorias. La norma crea el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, entendido como el Ministerio Público del Joven, compuesto por Fiscales y Defensores Oficiales, que intervienen en todas las etapas del proceso: el Fiscal encarando la investigación y suma de pruebas para la acusación y el Defensor. Además crea los Juzgados de Garantías del Joven, que llevan adelante el control de la investigación preliminar y es responsable de las medidas que se tomen con respecto al joven durante el proceso; también el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, que resuelve la aplicación de medidas, salvo delitos graves en que toma intervención el Tribunal de Responsabilidad Penal.

La ley PBA 13.634 define también al Ministerio de Desarrollo Social como la contraparte del Poder Ejecutivo encargada de formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y medidas destinadas a prevenir el delito juvenil, asegurando los derechos y garantías de los jóvenes infractores a la ley penal, además de generar ámbitos para la ejecución de medidas socioeducativas que, centradas en la responsabilidad del joven infractor, posibiliten su real inserción en su comunidad de origen.

En la Provincia de Buenos aires hay actualmente alojados unos 450 jóvenes privados de la libertad por transgresiones a la ley penal, 110 en régimen de semilibertad o abiertas y 2200 con medidas socioeducativas alternativas a la privación a la libertad. (Fuente: Gobierno de la provincia de Buenos Aires).

Un intento

En 2009, el Senado Nacional dio media sanción a un proyecto de ley presentado por los senadores Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Morales, Marita Perceval y Rubén Giustiniani. Este proyecto establecía la responsabilidad de las personas menores de 18 años de edad y mayores de 14 años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito de acción pública en el Código Penal. De acuerdo con la Convención por los Derechos del Niño, la propuesta determinaba que se garantizaran los derechos y principios que protegen a los menores y que la privación de la libertad sea la excepción y el último recurso. También hace hincapié en medios alternativos de solución del conflicto, como la mediación penal y la conciliación.

Algunos puntos del proyecto:

•           Es penalmente responsable la persona de catorce (14) o quince (15) años de edad que cometa un delito doloso con pena mínima de 3 años o más de prisión o reclusión

•           Es penalmente responsable la persona de dieciséis (16) o diecisiete (17) años de edad que cometa un delito con pena mínima de 2 años o más de prisión o reclusión

•           Se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su grupo familiar

•           Los padres o responsables de las personas menores de dieciocho (18) años, no mediando oposición de ésta, tienen derecho a participar en todo momento de las actuaciones.

•           Deberá intervenir en apoyo del magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá durante todo el proceso

•           Durante el proceso penal la libertad de la persona menor de dieciocho (18) años es la regla.

•           En ningún caso la persona menor de dieciocho (18) años será incomunicada o alojada en dependencias policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad

•           En caso de que la medida sea la privación de libertad, se hará en un centro especializado

•           Los centros especializados serán de gestión pública y deben contar con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados, adecuadas medidas de seguridad y espacios acondicionados que permitan la recepción de visitas.

•           La dirección de estos centros será desempeñada por personal especializado y capacitado. En ningún caso podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad. (Fuente: Diario La Nación 11/11/13)

Necesidad de actuar

Es hora de superar cuestiones retóricas que no nos llevan a ningún lado. Es necesario brindar a los ciudadanos de la provincia de San Juan nuevas herramientas para la protección de niños y adolescentes en conflicto con la ley, de manera de lograr su reinserción social y también brindar justicia a la población que ve cada vez con peores ojos que niños y jóvenes entren por la puerta de la comisaría y vuelvan a salir, sin que nada suceda.

De seguir el camino de la inacción como hasta ahora, estamos retornando al estado de naturaleza de Hobbes, donde el hombre es el lobo del hombre y el valor de la vida es igual a cero. Los linchamientos son ejemplo de ello.

No podemos esperar que ciudadanos tomen justicia por mano propia y linchen a niños y adolescentes por cometer un delito. La sociedad sanjuanina necesita una respuesta pronta de manera de lograr una sana convivencia en base a la justicia.

Durante estos últimos 11 años se han brindado múltiples herramientas para la promoción social de familias vulnerables socioeconómicamente: planes sociales, becas, viviendas, etc. A diferencia de los planteos pseudoprogresistas, el delito juvenil no se combate tan sólo con medidas de inclusión: estas ya hace años que están y funcionan bastante bien. Sin embargo, el delito no ha disminuido, debemos complementar estas acciones con otras medidas concretas. Para comenzar el debate.

*

*   *