Como sabemos, la docencia es una profesión
que algunas veces no tiene el reconocimiento monetario y social que
corresponde. Esto se manifiesta en falta de respuesta a algunas necesidades a
los trabajadores de la Educación.
Estas necesidades en departamentos mineros
como Calingasta tienen que ver con la vivienda, ya que la especulación
inmobiliaria eleva los precios de los alquileres, como si los ingresos de los
trabajadores vinculados a la actividad minera fueran el prototipo del ingreso
de la comunidad, por lo que también se encarecen los bienes y servicios en
dichos departamentos.
Dos docentes que sufren este conjunto de
problemas son Carina Font y Sandra Rivera que cumplen funciones en dos escuelas
del departamento Calingasta. Ellas sufren una situación de incomprensión por parte
del Estado provincial y municipal al no reconocer las necesidades que padecen
en el acontecer de sus labores.
La situación se origina por el conflicto que
las docentes viven con el Sr. Miguel Ponce propietario de varios inmuebles que alquila
y a quién desde hace casi 4 años alquilan una precaria vivienda para que ambas
docentes puedan vivir en la Villa de Calingasta y desde allí ir a cumplir con
sus trabajos. Es de destacar que ambas docentes viven con un hijo pequeño cada
una y no pueden alquilar en otro lugar debido a que sus salarios de
aproximadamente $3500 y la especulación inmobiliaria las dejan fuera de la
posibilidad de un alquiler accesible.
La relación del arrendador hacia las docentes
y sus hijos ya ha alcanzado tales niveles de violencia, acoso y daños a la
propiedad por parte de este, que lo hacen pasible de sanciones penales y
civiles. Ante esta situación, las docentes concurrieron a la comisaría de
Calingasta a radicar la denuncia, la que con diversos argumentos no les fue
tomada, sólo pudiendo realizar una exposición en sede policial.
Entonces las docentes concurrieron el día
jueves 13 de diciembre a radicar la denuncia en la Jefatura de Policía de la
Provincia, la que tampoco les fue tomada ya que los efectivos argumentaron que
estaban ocupados con una estafa con cajeros automáticos y que por ello no
podían recibirles la denuncia.
Debido a que una de las docentes es afiliada
a UPCN, recurrieron al delegado en Calingasta, el Sr Juan Ramos para conocer si
podían utilizar provisoriamente alguna residencia del sindicato. El Sr Ramos,
quien es inspector municipal, les dijo que desde el Sindicato no se podía hacer
nada y que lo que las docentes pretendían era una “avivada” para conseguir una
casa. No obstante les sugería abandonar la vivienda que alquilaban ya que no
está habilitada. Lo curioso es que el municipio, a través del Sr. Ramos,
debiera clausurar directamente este inmueble, ya que se lucra arriesgando la
vida de quienes necesitan alquilar esta vivienda que corre riesgo de derrumbe.
Desde el Ministerio de Educación no
recibieron respuesta favorable alguna, ya que se argumentó que este es un
problema privado de las docentes y que el Ministerio nada puede hacer frente a
estos casos. Lo cierto es que en la escuela La Capilla de Villa Calingasta el
establecimiento posee una casa, originalmente destinada a directivos o porteros,
que actualmente está desocupada.
Entonces los docentes recurrieron al
Intendente municipal, Robert Garcés, para gestionar desde el Municipio ayuda
ante la necesidad imperiosa de sostener las dos familias que prácticamente no
tenían techo. Pero desde el municipio no recibieron respuesta a las necesidades
planteadas y el intendente decidió no recibirlas.
Frente a esta situación de indefensión y
desprotección de derechos, las docentes recurrieron a la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos (APDH), con una amplia trayectoria en San Juan, quien
a través de Lucía Díaz, acompañó a las docentes ante distintos organismos
públicos para que su voz fuera oída y lograr una urgente solución. Volvieron al
municipio y a través de APDH presentaron una nota al intendente Robert Garcés
el día 22 de noviembre de la que no obtuvieron respuesta.
Recurrieron entonces al Ministerio de
Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia, solicitando entrevistarse
con el Ministro Daniel Molina. Fiel a su costumbre y a su misoginia, el
ministro no recibió a las docentes ni a la representante de APDH, sino que
envió a su secretario privado, el Prof. Papaiani a informarles que, el
Ministerio no podía brindarles ayuda alguna sino que quien debía hacerlo es el
municipio, dando así por finalizada las gestiones.
Ante la desesperación, los docentes y a la
representante de APDH acudieron a algunos medios que decidieron comunicar la
situación que viven, como Radio Nacional San Juan y Síntoma Social, apelando a
la solidaridad de la comunidad que pudiera facilitarles el acceso a alguna
vivienda hasta poder conseguir alquilar nuevamente.
El día viernes 14, las docentes y la Sra.
Lucía Díaz se entrevistaron con el Secretario de Derechos Humanos, Hugo Zalazar
quien con toda predisposición se comunicó personalmente con el comisario de
Calingasta, Walter Ángel, quien le comunicó que se dirigiera ante el Juez de
Paz de Calingasta a ver si lograban alguna solución. Además el comisario le
dijo a Zalazar que se darían “una vueltita” por la propiedad para evitar que el
locador siguiera amedrentando a las docentes.
Posteriormente la Coordinadora de APDH, Rosa
Collado, se comunicó también con Hugo Zalazar para que gestionara al Ministerio
de Educación la vivienda disponible en la escuela La Capilla, manifestando que
iba a intentar comunicarse con la Ministro, pero que no creía que fuera posible.
La situación de las docentes Carina Font y
Sandra Rivera en Calingasta revela varios aspectos preocupantes.
En primer lugar, el negocio desregulado de
los alquileres en la provincia de San Juan, que incluye la connivencia de
funcionarios provinciales y municipales que permiten que construcciones que no
están habilitadas para ser habitadas, tanto por familias, trabajadores o
turistas, se alquilen a precios irrisorios, revelando el grave problema de la
especulación inmobiliaria y la falta de políticas de vivienda.
La segunda situación que queda manifestada es
el abandono gubernamental y la dificultad para lograr asistencia social, en
primer lugar, y en forma inmediata en segundo lugar, cuando ciertas políticas
sociales o acciones concretas no son dignas de ser utilizadas como instrumentos
de propaganda personal para algún funcionario.
La tercera es la inacción policial ante
ciertas situaciones delictuales cuyas víctimas son mujeres, que, al igual que
en otras circunstancias como violencia doméstica, configuran una forma más de
la violencia de género manifestada desde las instituciones estales y
fundamentalmente desde la policía de la provincia de San Juan.
Actualmente, las docentes continúan viviendo con
sus hijos con angustia en esa propiedad, a la cual su propietario, el Sr. Ponce,
ha cortado el suministro de electricidad y agua, demostrando su falta total de
respeto por la vida de las docentes y los niños, quedando en total estado de
abandono e incertidumbre.
Diego M. Flores Burgos
