Indignación y escándalo en 25 de Mayo

Nota publicada en Sintoma Social Revista Digital: www.sintomasocial.com.ar
Escrito por Administrator
Domingo, 18 de Noviembre de 2012 12:09
Por Diego Flores Burgos Hace casi dos semanas en el departamento 25 de Mayo se vivieron momentos de tensión. Fue la manifestación de un síntoma social que estaba latente. Los vecinos no soportaron más y reaccionaron contra la corrupción y los privilegios. Vecinos indignados se concentraron frente al municipio 25 de Mayo ante la gota que rebalsó el vaso: se trata del último sorteo de casas de barrio del IPV, un sorteo, según los vecinos, irregular. Las denuncias hechas públicamente en la concentración de vecinos afectados en 25 de Mayo sostienen que el otorgamiento de viviendas fue realizado a favor de gente que no es del departamento y que no tendría necesidades habitacionales prioritarias; en muchos casos son hombres solteros, gente que posee otra vivienda o propiedades, que no poseen recibo de sueldos para adquirir el inmueble según los requerimientos del IPV, entre otras irregularidades. No es mezquindad, sino injusticia, según cuentan los vecinos veinticinqueños, que se le otorgue viviendas a gente que no vive en el departamento, habiendo un gran déficit habitacional en el municipio. Como pude relevar personalmente en visitas guiadas por los concejales del partido departamental JUNTTOS (que forma parte del Frente para la Victoria), Lila Trigo y Fabián Morales, el principal problema, luego de la falta de trabajo estable y de calidad en el departamento, es el problema de la tenencia de la tierra. Muchos habitantes, en una proporción que no puedo especificar, construyen sus viviendas en terrenos privados o fiscales: a la vera de las vías del ferrocarril o de los canales de riego. Por supuesto que estas viviendas precarias, al ser totalmente irregulares, carecen de los servicios elementales para la vida humana digna: electricidad, saneamiento y agua potable. Gas ni hablar. Son habitantes que deben consumir agua del canal del Norte cuando este trae caudal, o que deben pagar a funcionarios municipales para que el camión cisterna del Municipio les lleve agua potable, caso detectado entre otras, en la zona conocida como Villa Costa Canal. La movilización del vecinos al municipio se hizo al día siguiente de la toma de viviendas casi terminadas de un par de barrios del departamento. La gente abandonó las viviendas en forma pacífica, según informaron los medios de comunicación provinciales. Aunque algunos de los usurpadores afirmaron a los concejales del partido JUNTTOS que habían recibido amenazas personales por parte del ministro de gobierno provincial, Dr. Adrián Cuevas y otros funcionarios. Personalmente he relevado la injusticia misma, incomprensible en un gobierno peronista y que me avergüenza como a todos aquellos seguidores del modelo nacional y popular. Un emblemático caso es el de una familia joven de la localidad de Las Casuarinas que en la actualidad vive en toldos en una plazoleta de barrio. Esta familia se encontraba dentro del programa de erradicación de villas por lo que tenía asignada una casa cuando le derribaron su precario rancho. Al volver del trabajo, los padres se encontraron sin su rancho, el cual había sido demolido y sin sus hijos, que habían sido trasladados a la nueva ubicación. Al llegar a ella, la casa asignada no les fue entregada, quejándose de manera lógica recibiendo, por parte de funcionarios municipales entre ellos, la Lic. Roxana Tello, la extorsión de que tendrían que firmar la renuncia a la casa otorgada, caso contrario ellos (los padres) irían presos y los hijos serían trasladados a algún hogar infantil. El Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia, Daniel Molina, también estuvo presente en el operativo e hizo oídos sordos a la situación de la familia. Numerosos casos similares, en los que funcionarios municipales se aprovechan de la ignorancia y la buena fe de “la gente del campo”, se encuentran en el departamento 25 de Mayo. La venta de terrenos fiscales es otro caso: varios lotes contiguos a las vías del FFCC General Belgrano han sido vendidos por montos de entre $1000 y $2000 a desesperados habitantes quienes nunca recibieron una factura o comprobante de pago alguno. El gobierno del intendente Rolando Héctor Quiroga Moyano también está privando de la tierra -para su beneficio familiar- en la zona del Encón a ciudadanos argentinos, desplazando a puesteros y habitantes de la comunidad indígena Salvador Talquenca protegida por un dictamen favorable del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y por la ley nacional N° 26.160, esta última declara la emergencia en materia de posesión y propiedad las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país, impidiendo además los desalojos de pueblos y comunidades indígenas en el territorio nacional. La familia Quiroga Moyano a título privado ha venido alambrando terrenos que históricamente pertenecen a estas comunidades, y durante estos dos últimos años intimaron con cartas documentos a pobladores de la Comunidad Salvador Talquenca, y llegaron a enviar a maquinarias pesadas del municipio para desalojar violentamente a las familias de la comunidad que se encuentran habitando en precarios ranchos de caña y nylon. Rolando Héctor Quiroga Moyano no cesa con la impunidad y corrupción con la que se maneja el municipio, seguirán habiendo tomas de viviendas de barrios por entregar y un conflicto social que va a hacer que la paz del cementerio que se vive en 25 de Mayo termine en una pueblada al estilo de nuestros comprovincianos jachalleros.